Los colores de México

Mapa de la Consultoría Stratfor en su reporte “Mexican Drug War 2011”,

¿No qué no? Sinaloa o los beneficiados del caos

Se ha escrito mucho sobre el supuesto vinculo que existe entre el gobierno mexicano y el Cártel de Sinaloa, grupo criminal -liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada- que en vez de debilitarse después de 3 años de “guerra contra el narco”, ha aumentado su poderío delincuencial expandiéndose en gran parte del territorio mexicano.

Y aunque la administración de Calderón ha negado cualquier nexo con el narcotráfico, hay datos que revelan lo contrario, como señala la consultoría en seguridad global de origen estadunidense Stratfor en su reporte “Mexican Drug War 2011”, el cual muestra a grandes rasgos el lamentable panorama actual que se vive en el país con relación al crimen organizado.

El informe sostiene que el “gobierno mexicano ha decidido que el mejor curso de acción es librar una guerra de desgaste en la cual el cártel de Sinaloa asuma la posición dominante en el país, lo que permitiría imponer una reducción forzada de la violencia de los grupos criminales y que la organización dirigida por el Chapo Guzmán sea utilizada para someter a las bandas más endebles”. Como resultado, mientras las autoridades con sus operativos han debilitado a todos los cárteles, “el de Sinaloa ha demostrado ser inmune a la crisis y está creciendo”.

El poder de Sinaloa es excesivo: tienen la hegemonía total en el occidente del país; con sigilo "estrangula" el flujo de ingresos de la organización de Vicente Carrillo Fuentes (Cártel de Juárez); bloquea efectivamente a otra banda criminal en descenso –una sombra de sí misma–, la de los hermanos Arellano Félix (también conocida como cártel de Tijuana), quienes incluso le tienen que pagar por el derecho a acceder a los puertos de entrada de California; ayuda actualmente al cártel del Golfo en un batalla contra "Los Zetas" en el noreste, apoyándolos sobre todo en la lucha por la plaza de Tamaulipas; La Familia Michoacana o Los Caballeros Templarios (como ahora se le conoce) depende de este Cártel para restablecer su infraestructura antigua y sus rutas de contrabando; y actualmente pelea por hacerse de la supremacía en Acapulco.

La consultoría estadounidense, que publicó recientemente este informe, asegura que el de Sinaloa sigue siendo el mayor y más coherente de los cárteles mexicanos, “pues no ha dejado de hacer incursiones en territorios de otros grupos criminales, amigos y enemigos por igual. Esta expansión se ha visto en Durango, Guerrero (especialmente Acapulco, su puerto marítimo vital) y Michoacán, así como la ciudad de México”.

Lo que sorprende del Cártel del Chapo, no sólo es que “es inmune a los operativos” que implementa el Gobierno Federal, ni que en todos los casos gana plazas en territorio mexicano, más bien llama la atención el hecho de que se ha mantenido como una organización cohesionada y conserva los ingresos muy diversificados, pues controla productos que van desde estupefacientes hasta aguacates. El de Sinaloa es el grupo delictivo que se beneficiará aún más del caos en todo México, y a la administración de Calderón, al parecer también le conviene esa situación.

Acerca del tuiter, el faisbuc y los polacos cibernautas

El empleo de las nuevas tecnologías de la comunicación se ha convertido en una necesidad de primer nivel en los diferentes menesteres políticos, provocando incluso que ciertos protagonistas de la función pública se obsesionen en el magnetizado mundo de las redes sociales.

Justificando que a través de estas redes se entabla una comunicación directa con el pueblo (claro, con los que tienen acceso a Internet), muchos políticos pasan largo rato dándole duro a sus gadgets (Blackberrys, IPad, IPhone, etc.) o contratan a personal “especializado” para que cumplan con la importante tarea de “twittear” o “faceboquear” cada “movimiento, reflexión o acción” del funcionario.

Ahora es común ver en el Pleno del Congreso local a varios diputados entretenerse con su IPad, “posteando en su muro o perfil” lo mucho que trabajan, mientras alguno de sus colegas se exalta en demagogia usando la tribuna legislativa, sin que reciba la atención necesaria de los demás. O que decir de los funcionarios federales de alto nivel –obligados recientemente a que cada uno de ellos abra una cuenta en Twitter- , quienes diariamente reciben sendas mentadas de madre por parte de sus “seguidores internautas”.

No se puede negar que las redes sociales son herramientas valiosas para el intercambio de información, y quizás un atajo para poder expresar a los representantes populares el sentir de nosotros los mortales en relación a diversos temas actuales, ya sea en tono serio o en notables chascarrillos cibernéticos que desatan incluso el enojo de uno que otro político.

Tan es así, que incluso el Instituto Federal Electoral (IFE) pagó la módica cantidad de $406 mil pesos por andar de fisgón en Internet, es decir, por “monitorear el pulso de la sociedad en redes sociales” durante poco más de mes y medio. En los informes del “arbitro electoral”, se detalla que el pago se hizo a la empresa Nglobe, que desarrolló esa labor entre el 10 de noviembre y el 31 de diciembre de 2010.

Con esa lana desembolsada, el Instituto encargado de coordinar las elecciones federales, pudo desarrollar instrumentos, programas, contenidos e imágenes que monitoreen el impacto de esos populares sitios de Internet –como el Twitter y el Facebook- en los ciudadanos mexicanos. ¿Cuáles son los resultados obtenidos al respecto?, no lo sabemos, pero sí que se trata de dinero desperdiciado, si tomamos en cuenta que vivimos en un país donde sólo una minoría tiene acceso a las tecnologías de la comunicación.

Contubernio de un nuevo atentado laboral

Las alianzas partidistas no sólo se confabulan en dirección a las elecciones, pues también existen otros poderosos intereses que atraen a diversos actores de los partidos políticos que están involucrados, tanto en el mundo empresarial como en el ámbito legislativo.

Estamos a semanas de que en la Cámara de Diputados se apruebe la controvertida Reforma Laboral, esta vez presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y aplaudida por Acción Nacional (PAN), pues al final de cuentas se trata de una propuesta legislativa que toma como referencia los puntos principales contenidos en la iniciativa laboral que los blanquiazules presentaron anteriormente, el18 de marzo de 2010.

Es decir, “es la misma gata pero revolcada”, maquillada bajo el discurso de “una reforma moderna que elevará la competitividad de México… así como las condiciones laborales”, tal como celebró “el Presidente del empleo”, Felipe Calderón, uno de los artífices de la inestabilidad laboral actual y de la campaña en contra de los derechos y logros sindicales de los trabajadores en nuestro país.

El que se congratuló con la propuesta priísta, fue precisamente Javier Lozano Alarcón, Secretario de Trabajo y Previsión Social, quien la calificó como “magnifica”. ¿Y cómo no?, si fue él quien orquestó la iniciativa laboral del PAN, la misma que ahora “funciona como borrador”, y que sigue privilegiando con ese “encanto neoliberal” al sector patronal y a los empresarios.

La reforma presentada, que se aprobaría antes del 30 de abril, destaca por afectar los derechos individuales con la ventaja empresarial que mantiene un modelo sindical que impide la participación de los trabajadores en la definición de las relaciones laborales. Además de que no facilita la generación de empleos debido a las nuevas formas de contratación.

Serán 379 legisladores, entre el PRI y el PAN, quienes alzarían la mano a favor de esta transformación a la Ley Federal del Trabajo. Ambas bancadas presumen “su buena comunicación para sacar adelante la reforma”, la cual es criticada por organizaciones de defensa de los derechos laborales, quienes aseguran que ésta generará el abaratamiento de la mano de obra de los trabajadores y debilita la estabilidad en el empleo al introducir criterios de flexibilidad laboral unilaterales.

Y es que para hablar de un atentado al artículo 123 constitucional, hay que señalar que esta iniciativa priísta vulnera a los trabajadores a través de la contratación individual, con la figura de periodo de prueba, es decir, le da al patrón el camino (sí, en la ley) para deshacerse de los trabajadores sin pagar indemnización. La reforma se inclina a la inestabilidad en el empleo permitiendo el libre despido sin costo para el patrón al concederle crear contratos “de prueba”, “de capacitación inicial” y “de labores discontinúas”.

Además desaparece el derecho al aviso de despido para los trabajadores domésticos; legitima las renuncias “en blanco” al modificar el artículo 53 de la Ley Federal de Trabajo, que en la vigente requiere de un acuerdo entre las partes; y se crean “normas nuevas” dirigidas a los jornaleros agrícolas, que se refieren especialmente a un “Registro especial de trabajadores eventuales o de temporada” para justificar el despido libre y sin costo en contra de ellos.

La reforma plantea la desaparición del salario mínimo y se crea el “salario infinitesimal”, porque el artículo 83 de la LFT se modifica para que el salario se pueda pagar de manera proporcional por el tiempo laborado… similar a como se paga en Estados Unidos, pero con la base del salario mínimo de México. Por ejemplo, si se trabaja una hora diaria, se podrá pagar un octavo del salario mínimo, $7.47 pesos por hora, entonces, una persona que labora 4 horas diarias recibiría apenas $29.90 diarios, es decir ¡la mitad del salario mínimo!

De igual manera, al legalizar la subcontratación vía “outsorcing” se reduce el costo de la fuerza de trabajo, permitiendo que en una misma empresa haya trabajadores con mismas funciones pero con diferente salario y prestaciones. Entonces ¿el patrón evitaría pagar Seguridad Social o inclusive aguinaldos?, ¿nos olvidaríamos de que las vacaciones sean obligatorias para los subcontratados?. Sin duda, facilita la “renta” de empleados, como si éstos fueran objetos.

Aunque el outsorcing es un mecanismo utilizado mundialmente y que en países de primer mundo beneficia sobre todo a los profesionistas, hay que admitir que México no cuenta con las condiciones económicas y sociales para que funcione, por lo que es más probable que se desprotejan los derechos y obligaciones de quienes sean contratados a través de este sistema.

Aunque los priístas presumen que ahora disminuirá en tiempo los juicios laborales, lo lamentable del caso es que la nueva reforma también reduce el pago de los salarios caídos a un año, ¡independientemente del tiempo que dure el juicio!

Otra irregularidad de la iniciativa, es que la “Tabla de Enfermedades de Trabajo” y la de “Valuación de Incapacidades Permanentes” contempladas actualmente en la Ley Federal de Trabajo, ya no estarán incorporadas en ella pues se convertirán en una clasificación meramente administrativa, “a la voluntad de los patrones”, y de esa manera, dejarán de ser derechos laborales básicos.

La reforma laboral presentada por el PRI se negoció con el PAN, que desde su llegada al Gobierno Federal y bajo la doctrina neoliberal, ha querido dislocar los derechos de los trabajadores. La cúpula empresarial ha manifestado públicamente su apoyo a la iniciativa, pues se les abren las puertas para golpear legalmente los derechos esenciales de la clase trabajadora.

Es mentira que esta propuesta legislativa mejorará las condiciones de los trabajadores en México. Al contrario, provocará que existan menos condiciones de trabajo dignas, se desestabilizará el salario remunerador, habrá menos acceso a la seguridad social y la libertad sindical estará manoseada, a favor de que los sindicatos sean manejados como “negocios” por los mismos líderes charros de siempre.

Y ante la falta de estrategias de la actual administración federal para generar empleos, esta reforma consentirá mayor explotación en el trabajo, sobre todo con los jóvenes, y los millones de mexicanos desempleados, que aceptarán cualquier oficio aún con los salarios más bajos que se pretenden aplicar. El panorama es desalentador y las condiciones no favorecen a la mayoría.